La tendencia a urbanizar terrenos agrícolas de alto nivel productivo parece no tener fin y esto incluye parcelas distribuidas por el Estado mediante la reforma agraria. Lo que ocurre con terrenos arroceros de Bonao, donde durante el efímero gobierno de Juan Bosch (27 de febrero–25 de septiembre de 1963) se hicieron los primeros asentamientos, se puede citar como una de las pruebas más contundente de este fenómeno que atenta contra la seguridad alimentaria de los dominicanos.
A lo largo de diez kilómetros antes de llegar al municipio cabecera de la provincia Monseñor Nouel, si se va por la autopista Duarte en ruta Santo Domingo-Santiago, se observan varios letreros de parcelas que se ofertan como solares para el establecimiento de empresas y negocios. Datos del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) indican que en esa zona los terrenos se ofertan a precios entre RD$1,500 y RD$2,000 el metro cuadrado.
En ese tramo de los alrededores de la autopista Duarte, también operan fábricas, areneras, empresas importadoras, negocios de ventas de maquinarias pesadas, y un “matadero” de vehículos. Todos estos establecimientos resaltan entre las parcelas de arroz que aún se cosechan en Juma, área del primer asentamiento campesino realizado en el país (AC-001).
En el área del segundo asentamiento, en Juma Caracol, otra zona de altísima calidad para la producción arrocera, solo hay casas y apenas queda una pequeña parcela de arroz. Aquí los campesinos traspasaron sus predios y ya no viven de la tierra.
Precisamente, en Juma se fundó, en 1963, la estación experimental para el mejoramiento genérico del arroz. A solicitud del presidente Bosch llegó al país una misión de Taiwán para asesorar a los investigadores dominicanos en la creación de una serie de variedades del cereal.
Como parte de ese proceso de asesoramiento, más adelante se estableció en el país el taiwanés Yin Tieh Hsieh, considerado el padre del arroz dominicano y creador de diversas variedades.
Esta zona de Bonao estaba dominada por los campos de arroz. Pero el desarrollo inmobiliario y la consecuente urbanización crecen sin control, como sucede en todo el territorio nacional con la concentración urbana. En 1960, el 69.5% de la población era rural, pero para 2010 se redujo a sólo 25.7%, de acuerdo con los censos oficiales.
Los terrenos de Bonao son ideales para la producción de arroz.
El ministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez, afirma que las ciudades de mayor crecimiento son Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago, con una densidad de más de 204 habitantes por kilómetro cuadrado.El 30.7% (15,427.6 km2) del territorio nacional presenta un uso de suelo diferente al de su capacidad productiva, situación que estaría generando los mayores conflictos en la modalidad de ocupación del suelo, indica un diagnóstico difundido en noviembre de 2012 por la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT).
El documento señala que la sustitución del suelo con vocación agrícola por áreas urbanizadas es más notoria en Santo Domingo, San Francisco de Macorís, Santiago y Moca, así como en San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal y Baní.
Según este diagnóstico, el conjunto de ciudades que han incidido en la sustitución del uso del terreno de vocación agrícola por el de área urbanizada se localiza predominantemente en los valles del Cibao, La Vega y Bonao, cuyas tierras tienen la categoría del I al IV en la clasificación del suelo según su capacidad productiva.
La DGODT establece que la modalidad de sustitución del uso de suelo de vocación agrícola por el de área urbanizada afecta al 8.5% (710.8 km2) de la superficie total del territorio nacional. Dentro de la misma cabe destacar la incidencia que tienen Santo Domingo y Santiago, cuya superficie utilizada corresponde al 57% (402.6 km2) del total de las áreas para uso urbano.
Muchos de los terrenos agrícolas de Bonao están a la venta para fines urbanos.
Reformada y urbanizada. Dos ejemplos de asentamientos en Bonao y San Cristóbal cuestionan el seguimiento y evidencian las distorsiones del proyecto de la Reforma Agraria desarrollado en las últimas décadas por las autoridades dominicanas, lo mismo que la falta de control en la utilización de terrenos de vocación agrícola para otras actividades. Las primeras distribuciones de predios agrícolas del Estado, en virtud de la Ley 58-79 promulgada en abril de 1962, se llevaron a cabo en estos dos pueblos en 1963.En un primer momento, en Bonao se hicieron dos asentamientos en las comunidades de Juma y Juma Caracol. El primero (AC-001) abarcó 15,000 tareas, distribuidas a razón de 50 por familia. Aquí aún se produce arroz, pero se observa una fuerte tendencia a urbanizar las áreas.
En Juma Caracol, donde mediante el asentamiento AC-002 se entregaron 18,000 tareas a 360 campesinos, quizás pueden aparecer entre 500 y 700 tareas sembradas de arroz, afirma el ingeniero agrónomo Antonio Gómez, del (IDIAF).
Gómez destaca la alta pluviometría de Bonao, de alrededor de 1,800 milímetros de lluvia al año. Esto explica la vocación arrocera de sus tierras. En la parte elevada se cultiva café. Pero en este municipio también se produce cacao y hortalizas y una variedad de productos de ciclos cortos. A esto se agrega que una amplia extensión de su territorio está bajo explotación de Falconbridge Dominicana (Falcondo), filial de la minera anglo-suiza Xstrata Nickel. Esta empresa tiene al menos 42,000 tareas concesionadas.
En Juma, el área dedicada al arroz está calculada en 42,000 tareas, sólo el 28% de un área cultivable de 150,000 tareas, según datos del IDIAF.
Gómez advierte que toda la zona sur de Bonao se está urbanizando, a partir del casco urbano, y que la venta acelerada de terrenos para proyectos inmobiliarios indica que el problema se agudizará. “Toda la banda de la autopista Duarte son suelos codiciables, y ahí es que los dueños están vendiendo espacios para todo tipo de negocio”, indica el técnico agropecuario, quien pronostica que si esta tendencia se mantiene, en un período de 25 a 30 años todos los terrenos serán urbanos en el espacio comprendido entre los ríos Juma y Yuna.
Inocencio Santos, de 84 años de edad y un antiguo parcelero de Juma Caracol, ahora sólo tiene una pulpería con escasas mercancías. Dice que los costos para producir eran muy altos. “Aquí los propietarios son muy pocos, yo solo sé de uno. Los que vivimos por aquí apenas tenemos un `ranchito`”.
Para Milton Martínez, profesor de la Escuela de Agronomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Reforma Agraria perdió su sentido desde el momento en que el Gobierno entregó títulos definitivos a los parceleros, lo que produjo la reconcentración y privatización de los terrenos del Estado.
El experto agrícola cita el caso San Cristóbal. Cuenta que todo el valle del río Nigua pasó a manos de los campesinos con el surgimiento de la Reforma Agraria en la década de 1960. Allí la producción agrícola tuvo su auge, con grandes cantidades de yuca, plátano, yautía, cacao y otros rubros. “El primer canal de riego del país y de América es de San Cristóbal”, resalta, al referirse al canal de Nigua, que atraviesa un predio de decenas de miles de tareas sobre el cual se erigió, con el tiempo, Madre Vieja, y otras urbanizaciones. A partir de los años de 1970 los campesinos comenzaron a vender las parcelas que les entregó el IAD.
Una gran parte de estos suelos también han sido dragados por las areneras que extraen material para la construcción. Y hasta una zona franca hay en Madre Vieja, en un suelo de primera calidad, “un aluvión arenoso”, según el profesor Martínez, para quien estos resultados indican que la reforma agraria no tiene continuidad.
Dice que los campesinos se cansaron de cultivar sin poder vender sus productos, porque no hay protección oficial al sector agrícola, y que por eso terminan cediendo ante la especulación inmobiliaria.
En el país se evidencia falta de control en el uso de sus suelos agrícolas.
En el Cibao. Una de las zonas altamente afectadas por la urbanización es el Cibao, la región de los suelos más fértiles y productivos del país, gracias a la irrigación de los ríos Yaque del Norte y Yuna, así como por las condiciones del clima y la calidad del terreno.Santiago crece aceleradamente hacia el norte y hacia el Este. Los datos indican que su expansión cubre 60 kilómetros cuadrados por año. El propio ministro de Agricultura afirma que el apresurado proceso de urbanización está cerrando el espacio que diferencia a Santiago de sus comunidades aledañas.
En efecto, al utilizar la herramienta Google Earth se puede apreciar que los trayectos de Moca a San Víctor, Tamboril, Santiago y Licey al Medio han sido fragmentados en el proceso de urbanización. Un fenómeno similar se observa en la vía que comunica La Vega con Santiago.
Lo mismo se puede apreciar en San Francisco de Macorís, el corazón del Valle del Cibao: una gran parte de las urbanizaciones están sobre tierra con alto contenido de nutrientes, propicia para una agricultura próspera. Los municipios de Cenoví, de la provincia Duarte, y Ranchito, de La Vega, tienen algunas de las mejores tierras para el cultivo del arroz.
La herramienta virtual Google Earth permite apreciar, al cruzar La Plena Cenoví, áreas que empiezan a ser ganadas por la urbanización. Este fenómeno urbano se observa también de San Francisco hacia Nagua.
El agrónomo Víctor Almánzar, de la Fundación Loma Quita Espuela, explica que toda la periferia de San Francisco de Macorís, como los trayectos hacia Tenares, Salcedo y Moca, y la salida hacia Santo Domingo en la comunidad de Mirabel, ya conforman zonas de asentamientos urbanos, pese a que tienen un suelo de alta vocación para la producción agropecuaria.
Almánzar define como el caso más sobresaliente en esta ciudad a la zona de Aguayo, una finca modelo de producción en el país, donde se cultivaban grandes cantidades de plátano, yuca, batata y, sobre todo, cacao. Hoy en día se han convertido en un distrito municipal con una alta densidad poblacional. Y hasta se habla de la construcción de un aeródromo en esa zona.
Sin control. Todo este proceso de urbanización de los terrenos agrícolas que amenaza la seguridad alimentaria del país, un tema de gran preocupación para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ocurre en un contexto en que no existe una entidad oficial, ni una legislación que proteja de forma expresa la frontera agrícola. Varias leyes recogen algunas normativas, pero no existe propiamente una legislación sobre ordenamiento territorial y uso del suelo.
La Ley 64-00 ordena al Ministerio de Medio Ambiente la elaboración y aplicación de reglas y parámetros de zonificación u ordenamiento del territorio, que determinen y delimiten claramente el potencial y los usos que pueden darse a los suelos, de acuerdo con su capacidad, sus potencialidades particulares y sus condiciones ambientales específicas.
El artículo 123 de la ley establece: “Preferentemente, se dará a los suelos de capacidad agrícola productiva clases I, II y III, un uso para la producción de alimentos”. Cualquier uso diferente deberá ser aprobado por esa cartera.
Hay otras disposiciones para regular las costas, los polos turísticos y los municipios, que tocan el tema, pero es ahora cuando se está elaborando una normativa de ordenamiento territorial y uso de suelo.
Categoría de los suelos
Los predios agrícolas de Bonao son urbanizados. (Fotos: Roberto Guzmán)
De acuerdo con el Anuario Estadístico Agropecuario del Ministerio de Agricultura, en el país existen siete tipos de suelo y las tres primeras clases (I, II y III) se consideran las más adecuadas para realizar una explotación agrícola normal.
Las cuatro categorías de suelos (IV, V, VI y VII) que siguen pueden explotarse para la agricultura, de acuerdo con los métodos modernos de uso y manejo de los mismos. Pueden ser destinados a la explotación ganadera, al cultivo de rubros perennes, así como a cultivos de montaña, pero con el objetivo de forestación. Existe una categoría clase VIII, que según el documento sólo pueden ser utilizados como Parques Nacionales y actividades culturales, de recreo, y para la vida silvestre.
El diagnóstico que elaboró la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial establece distintas alternativas de uso para el territorio nacional, y de manera específica, 23.88% de los suelos tiene vocación para uso potencial agrícola y ganadero, y se incluyen en las categorías del I al IV, que son de alta productividad.
Proyecto en carpeta
El Bonao inició el proyecto de Reforma Agraria.
La Dirección de Ordenamiento Territorial (DGOT) tiene bajo su responsabilidad la elaboración de un anteproyecto de ley y un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, así como una Ley de Uso de Suelos. Esas legislaciones establecerán mandatos expresos para que los municipios asuman el control de la utilización de sus espacios territoriales.
El director de este organismo, arquitecto Franklin de Jesús Labour, dice que el primer paso para ejecutar este mandato fue la realización de un diagnóstico nacional, en coordinación con representantes de los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Explica que ahora viene la formulación de la ley. El funcionario informa que para esa fase se realizaron consultas con doce instituciones que tienen que ver con el tema del territorio.
Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo diseñada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
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