Juan María Bordaberry Arocena (Montevideo, 17 de junio de 1928 - 17 de julio de 2011) fue un político y dictador uruguayo de origen vasco. Fue Presidente constitucional entre 1972 y 1973 y dictador entre 1973 y 1976.
Desde el mes de noviembre del 2006 se encontraba cumpliendo una pena de penitenciería, tras ser sometido a procesos por diversos delitos de lesa humanidad, como desaparición forzada de personas bajo su período de gobierno dictatorial, crímenes de homicidio político y atentado contra la Constitución en reiteración real. En un principio cumplió su detención en dependencias carcelarias uruguayas, pero desde enero del 2007, a causa de su estado de salud, permanecía bajo arresto domiciliario.
Nació en una familia de origen colorado y antibatllista. Hijo del estanciero y político colorado Domingo Bordaberry Elizondo y de Elisa Arocena. Educado en el colegio de los Padres Jesuitas, se transformó en un católico integrista y crítico del Concilio Vaticano II convocado por Juan XXIII. Dedicado desde joven a las actividades agropecuarias, sus primeras actividades políticas las realizó en el seno de la Liga Federal de Acción Ruralista liderada por Benito Nardone. Fue elegido senador del Partido Nacional por la alianza nacionalista-ruralista que triunfó en las elecciones de 1958, ocupando ese cargo entre 1963 y 1965. En 1964 aglutinó a sus seguidores en la Liga Federal de Acción Ruralista, integrándose en 1969 al Partido Colorado. Fue ministro de ganadería yagricultura entre 1969 y 1972 durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco. Falleció el 17 de julio de 2011.
En las elecciones de 1971, la Unión Nacional Reeleccionista, sector pachequista del Partido Colorado, lo postuló a la Presidencia de la República, en fórmula completada por Jorge Sapelli, para el caso de que la reforma constitucional propuesta por dicho grupo para habilitar la reelección del presidente Jorge Pacheco Areco no obtuviera los votos necesarios para su aprobación. Como esto fue lo que aconteció, Bordaberry se convirtió en Presidente de la República. En su momento hubo quienes afirmaron que habría habido irregularidades en dicha elección. En particular, que habría habido más votos que votantes habilitados en algunos circuitos y que estas irregularidades habrían favorecido a Bordaberry, en desmedro de Wilson Ferreira Aldunate, candidato del Partido Nacional.
De esa forma Juan María Bordaberry asumió como presidente en un momento de especial intensidad de las actividades, tanto de la guerrilla representada por el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, como de grupos de extrema derecha como elEscuadrón de la muerte y la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), todo ello en medio de una crisis económica (la inflación no tardaría en dispararse) y con múltiples medidas prontas de seguridad vigentes, lo cual daba cuenta de lo desvirtuadas que estaban la institucionalidad y la legalidad.
Hizo frente a la situación aliándose con los sectores más conservadores militares y civiles, que ocuparon los puestos más relevantes del gobierno. Durante los primeros meses, se descubrió la "Cárcel del Pueblo" donde la guerrilla tupamara había mantenido secuestrados a varios enemigos de clase; ese fue el principio del fin de la guerrilla. Una vez desarticulada la guerrilla se produjo una creciente influencia militar, que culminó con el cuestionamiento de la autoridad de Bordaberry en febrero de 1973, al no aceptar el Ejército y la Fuerza Aérea el nombramiento como Ministro de Defensa del general Antonio Francese. Ante la indiferencia ciudadana a su llamado de "defender las instituciones" y el abandono de su defensa por parte de la Armada, Bordaberry terminó cediendo y pactando con las Fuerzas Armadas el 12 de febrero en el llamado Acuerdo de Boiso Lanza, en lo que, para algunos, fue el prólogo del quiebre institucional que vendría.
Bordaberry presidió el golpe de estado del 27 de junio de 1973. Disolvió el Parlamento —al que sustituyó por un Consejo de Estado designado por el poder ejecutivo—, las organizaciones sociales, los partidos políticos y suprimió las libertades civiles. Los militares comenzaron entonces a ocupar cargos de responsabilidad en el gobierno en lo que se denominó el "proceso cívico militar".
En 1975, propuso a los militares imponer un nuevo sistema constitucional de inspiración fascista y franquista, eliminando definitivamente a todos los partidos políticos para entonces ilegalizados y suprimiendo las instituciones liberales. En 1976 Bordaberry presentó dos nuevos memorandos políticos a la Junta de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Ésta consideró que la propuesta de eliminar los partidos políticos era muy arriesgada por lo que, el 12 de junio decidió destituir a Bordaberry y designar para reemplazarlo a Alberto Demicheli, quien entonces ocupaba la presidencia del Consejo de Estado.
El 16 de junio las Fuerzas Armadas dieron a conocer sus discrepancias con Borbaberry mediante un comunicado:
"(...) Esas discrepancias se materializan:
- En que el presidente de la República no acepta el futuro funcionamiento de los partidos políticos tradicionales. Entiende que éstos no tienen cabida en el Uruguay del futuro. Propone en substitución de la vigencia de ellos, la promoción y desarrollo de corrientes de opinión que en definitiva vendrían a ocupar el vacío dejado por aquéllos. En cambio, las FF. AA. no quieren compartir el compromiso, la responsabilidad histórica, de suprimir los Partidos Políticos Tradicionales.
- El Presidente de la República no acepta el pronunciamiento popular a través del voto, porque considera que esa práctica en las democracias actuales es algo superado, argumentando que el voto solamente se debe requerir a los ciudadanos a través del referéndum o plebiscitos, sobre puntos o temas específicos que el Poder Ejecutivo considere conveniente. En contraposición a esto, las FF.AA. sostienen que la soberanía está radicada en la Nación y que, entre otras cosas, una forma auténtica de expresión de esa soberanía, es el voto popular (...)"
Bordaberry fue uno de los principales exponentes de Carlismo fuera de España. Fue designado Caballero de la Legitimidad Proscrita junto a otras personalidades del mundo hispánico el 3 de mayo de 2006 en atención a su compromiso con la Hispanidad y su defensa del carlismo.
Según la Comunión Tradicionalista "su acción de gobierno aplicó principios orgánicos, restauró la autoridad y propició el avance económico y social de los uruguayos, de tal modo que se merece el reconocimiento de los carlistas y de los españoles de buena voluntad".
En un artículo titulado "Honor al Carlismo" publicado en el número 3 de la revista "Custodia de la Tradición Hispánica", Bordaberry sostuvo que "cuando Carlos V, primero de la dinastía carlista, se levanta contra la abolición de la Ley Sálica que le privaba de su derecho, no lo hace solo defendiendo éste: lo hace defendiendo la España católica. Todas las desgracias que para España vinieron después, hasta hoy, nacieron allí y para impedirlas se levantó el carlismo. Quiso impedir que España dejara de ser España".
"Custodia de la Tradición Hispánica" fue una publicación continuadora del Boletín de la Sociedad de Estudios Tradicionalistas "Juan Vázquez de Mella", órgano de difusión de la Hermandad Tradicionalista Carlos VII. Esta hermandad tiene miembros en Argentina y Uruguay. Tuvo como miembro destacado a Álvaro Pacheco Seré, Secretario de la Presidencia de la República en el gobierno de Bordaberry.
En marzo de 2005 Bordaberry fue visitado por Sixto Enrique de Borbón, quien se reunió también con otras personalidades del tradicionalismo uruguayo. Las Juventudes Tradicionalistas de España emitieron un comunicado apoyando a Bordaberry y pidiendo su libertad tras su procesamiento por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante su gobierno.
Uno de los hijos de Bordaberry, Santiago Bordaberry, es un activista religioso afín al carlismo tradicionalista. Santiago Bordaberry integra la Comisión Fiscal de la Sociedad Rural de Durazno y, en 2007, aumentó su perfil en los medios de prensa uruguayos a raíz del procesamiento de su padre .Bordaberry fue condenado por la justicia uruguaya por crímenes de lesa humanidad ocurridos en oportunidad del golpe de estado y de la dictadura que con el mismo se inició, siendo acusado de violar la Constitución y de ser el autor intelectual de secuestros y desapariciones de opositores políticos al régimen. El 16 de noviembre de 2006 fue sometido a proceso por estos crímenes, junto con quien fuera su canciller, Juan Carlos Blanco. El juez Roberto Timbal le imputó los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz ocurridos en 1976, cuando se hallaban refugiados en Buenos Aires, y de dos ex presos políticos refugiados en Argentina, los ex guerrilleros tupamaros Rosario del Carmen Barredo y William Whitelaw, en el marco del Plan Cóndor. Fue sometido a prisión preventiva.
El 20 de diciembre de 2006 la jueza Graciela Gatti lo sometió a proceso también, imponiéndole asimismo prisión preventiva, como imputado de los asesinatos de Ubagessner Chávez Sosa y Fernando Miranda (cuyos restos fueron hallados en 2005 como consecuencia de las excavaciones en predios militares ordenadas por el Poder Ejecutivo en cumplimiento del artículo 4º de la Ley de Caducidad), y de Luis E. González, Juan M. Brieba, Carlos Arévalo, Julio Correa, Otermin Montes de Oca, Horacio Gelós Bonilla, José Arpino Vega y Eduardo Pérez Silveira, detenidos que aún permanecen desaparecidos pero que la jueza entendió debían ser considerados fallecidos a efectos de este proceso. Todos estos hechos ocurrieron durante su período de gobierno. La jueza Gatti declaró, empero, prescripto el delito de "atentado a la Constitución" que se le atribuía, por haber perpetrado el golpe de estado del 27 de junio de 1973.
El 23 de enero de 2007 fue internado en un hospital de Montevideo, aquejado de serios problemas pulmonares. Teniendo en cuenta su estado de salud, el juez Pablo Eguren le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, por lo que desde el 27 de enero pasó a cumplir su detención en el domicilio de uno de sus hijos, ubicado en la capital uruguaya.
El 1 de junio de 2007 un Tribunal de Apelaciones confirmó la iniciación de proceso en su contra por el caso de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Asimismo, el 10 de septiembre del mismo año, otro Tribunal de Apelaciones confirmó la apertura de proceso decretada por la jueza Gatti por los diez homicidios, así como la prescripción del delito de "atentado a la Constitución".
El 7 de febrero del 2008, el BPS suspendió la jubilación que percibía como ex Presidente de la República.
El 9 de febrero del 2010 la jueza Mariana Motta lo condenó a treinta años de penitenciaría, a quince años de medidas de seguridad, a inhabilitación absoluta por seis años y a hacerse cargo de los gastos de reclusión. La condena es por los delitos de atentado contra la Constitución en reiteración real, nueve crímenes de desaparición forzada y dos crímenes de homicidio político.
El 5 de marzo de 2010 la fiscal Mirtha Guianze solicitó una condena de 30 años de prisión para Juan María Bordaberry y para el ex canciller Juan Carlos Blanco en la causa por los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario del Carmen Barredo y William Whitela.
Bordaberry falleció en Montevideo el 17 de julio de 2011; sus restos yacen en el Cementerio Parque Martinelli de Carrasco.
Casado con Josefina Herrán, tuvo 9 hijos: María (Psicóloga), Juan María (Ingeniero Agrónomo), Juan Martín (empresario), Juan Pedro (Abogado, político, actual Senador del Partido Colorado), Santiago Juan (Veterinario, activista ganadero y religioso), Juan Pablo (Ingeniero Agrónomo), Juan Javier (Abogado), Juan Andrés (Contador) y Ana (Diseñadora textil) nacida después del 27 de Junio de 1973. Los nueve hijos le dieron 19 nietos al matrimonio Bordaberry - Herrán.
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