EL FALPO 28 AÑOS DESPUÉS

28 años de su fundación, dos facciones se disputan el derecho a llevar el nombre del Falpo, un conglomerado popular con influencia de izquierda. Con visiones distintas sobre el accionar de la organización frente al Estado, uno de los grupos afianza su arraigo en la provincia Duarte y demuestra incidencia en la UASD, y el otro conserva poder en otras localidades del norte, mientras enfila la mirada hacia el terreno electoral. 

A principios de la década de 1990, un grupo de organizaciones dominicanas de izquierda entendió que debía prepararse para la guerra, y tomó la decisión política de enviar a varios compañeros a formarse en métodos subversivos con la guerrilla colombiana. Entre los escogidos figuró Fidel Santana, entonces dirigente del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo).

Apresados en Colombia, la repatriación de los miembros del grupo se produjo varios años después. Dos décadas más tarde, a pocos les pasaría por la cabeza la idea de impulsar cambios en la sociedad por la vía armada, sostiene, al recordar aquella hazaña, el coordinador nacional de una de las dos tendencias del Falpo, Víctor Bretón, quien asegura que el grupo no tiene contacto ni apoyo financiero de las guerrillas.

El Falpo coordina a grupos comunitarios, sociales y campesinos que se movilizan para demandar al Estado obras y servicios públicos, así como para rechazar la imposición de medidas gubernamentales. En sus movilizaciones se hizo común la presencia de hombres encapuchados, con armas profesionales o de fabricación casera, que contribuyeron a su mala fama de grupo de carácter violento.

Sin embargo, la organización insiste en destacar su acción social. Sus dirigentes sostienen que lograr que incluyeran a Licey al Medio en las redes del acueducto del Cibao Central implicó múltiples jornadas de lucha y una última paralización de cinco días. Estiman que el Falpo ha logrado soluciones por un valor de unos tres mil millones de pesos, incluidas reparaciones de calles y carreteras en los pueblos del norte.

Cuando otras organizaciones sociales, sobre todo las integradas por jóvenes, surgen como entidades de oposición no partidista, apoyadas en las nuevas tecnologías y en novedosos modos de protesta, el Falpo permanece como agrupación de alta incidencia con capacidad de provocar movilizaciones violentas que paralizan labores y ejercen presión sobre las autoridades.

A juicio del politólogo Rafael Toribio, esta vigencia se debe a la actuación concentrada en un espacio geográfico-político reducido, en referencia a los problemas de los pobladores de las comunidades. Agrega que esta agrupación llena un espacio ocupado antes por otros movimientos sociales, hoy ya desaparecidos, como los sindicatos, que cada vez tienen menos vigencia en las luchas reivindicativas.

Para el analista, las acciones del Falpo tienen una gran efectividad porque logran gran difusión en los medios de comunicación y la atención inmediata de los funcionarios públicos, aunque después les cueste lograr que cumplan con lo prometido.

ara Toribio, el Falpo recurre a “algunos métodos que no pueden justificarse”. Se refiere a “quemas de neumáticos, obstrucción de las vías públicas, daños a la propiedad y utilización de armas de fuego”.

Esta opinión la comparte Emilthoms Castillo, presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas y miembro de la comisión mediadora que logró detener en su primera jornada el paro de labores de 72 horas convocado por Falpo y otros grupos, el pasado 23 de abril.

“Lamentablemente, tienen los mismos métodos de lucha de los años 70 y 80, que es tirar piedras, tirar tiros, fajarse a pedradas con la Policía, enfrentarse entre grupos populares y la Policía y conseguir dos muertos, para conseguir una obra. Ellos deben ya cambiar ese tipo de método”, insiste Castillo, quien hace tres años sufrió la muerte de un primo de 15 años de edad. El adolescente transitaba por la calle en bicicleta cuando recibió cuatro impactos de bala en medio de un tiroteo en una manifestación de protesta.

En la víspera de la paralización de abril pasado, a Luis Robles le quemaron la puerta de su farmacia en el barrio San Martín, de San Francisco de Macorís, con pérdidas entre 45 y 60 mil pesos. Atribuye el hecho a una represalia porque antes había expresado su disgusto con los recursos de lucha del movimiento.

Pero para el pastor David Phitts, representante de los derechos humanos en la provincia Duarte, estas acciones responden a infiltrados de los núcleos más radicales del movimiento o de personas que quieren desacreditar la lucha. Sostiene que el Falpo ha hecho esfuerzos significativos por evitar las movilizaciones callejeras y los llamados al paro, recurriendo primero a reuniones con las autoridades, concentraciones masivas, marchas y otros mecanismos de presión.

Sobre este punto hay dos miradas distintas dentro del mismo Falpo.

Darío Camilo, de Salcedo; Víctor Bretón, secretario general, y David Polanco, de Licey al Medio, dirigentes de una de las facciones del Falpo

Según la parte que dirige Bretón, y sólo admitiendo entre líneas las prácticas violentas a que han acudido, hay una directriz que apuesta por adecentar los métodos de lucha. “El año pasado nos atrevimos a enviar un mensaje con respecto a los métodos, algo que cayó fuerte dentro del grupo, pero lo discutimos: que en las protestas nuestras no íbamos a quemar gomas”.

Más aguerrido y orgulloso responde el otro grupo, que tiene como secretario general al profesor universitario Víctor Romano y como vocero al estudiante de comunicación social Raúl Monegro.

“Nosotros –se defiende Monegro– no renegamos de ningún método, la Constitución nos permite la lucha y las movilizaciones; ahora bien, cuando se habla de método, no lo determinamos nosotros, lo determinan las comunidades, el pueblo, que son los que se desahogan y salen a las calles a protestar”. Sostiene que antes de pedirle al pueblo un cambio de sus métodos de protesta, se debe exigir a quienes dirigen el Estado que reorienten su forma de gobernar.

Si bien el Falpo no implica una militancia partidista obligatoria, este colectivo responde a los lineamientos del Movimiento Popular Dominicano (MPD), dividido históricamente en corrientes con serias diferencias en cuanto a su papel en el sistema político dominicano.

La facción de Romano y Monegro responde a los lineamientos de Jorge Puello Soriano (El Men), como líder máximo del legendario MPD; el de Bretón, a un grupo encabezado por Fidel Santana, Manuel Salazar e Higinio Báez.

Fidel Santana anda ahora tras la meta de hacer del partido Frente Amplio una opción electoral. Precisamente, esa decisión de integrar al Falpo y a sus dirigentes en la actividad electoral, con apertura, incluso, para pactar con fuerzas tradicionales, generó en 2010 la más reciente de las varias divisiones que ha sufrido esa organización popular, aunque les hizo ganar una regiduría en Tamboril.

Después de la poblada. La nomenclatura Frente Amplio de Lucha Popular conecta con una semántica de izquierda, que se tornó aguerrida en los años de represión y persecución anticomunista de los gobiernos de Joaquín Balaguer.

Sin embargo, surge durante la gestión de Salvador Jorge Blanco (1982-1986), del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Había ocurrido la poblada de abril de 1984, en protesta por el alto costo de la vida y la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), movilización violenta en la que fallecieron al menos 125 personas, decenas resultaron heridas y cientos de negocios fueron saqueados.

Ya existían entonces en varios puntos del país los Comités de Lucha Popular o CLP, y gran parte de sus activistas se articularon para conformar el Falpo. “En medio de la dispersión que se reflejó en abril del 84, el movimiento popular y de ideología de izquierda dijo: “Nosotros no podemos permitir otro abril del 84 y que sea la dispersión y hasta cierto punto el ‘tigueraje’, el vandalismo, el que se apodere de las protestas”, explica Bretón.

Aunque la coordinación nacional reporta núcleos dirigenciales en localidades de todas las regiones, sus puntos de mayor incidencia se ubican en el Cibao, como Santiago, principalmente en Licey Al Medio, Tamboril y Navarrete; en San Francisco de Macorís, provincia Duarte; en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal; en Mao, Valverde; Bonao, Monseñor Nouel, y Nagua, María Trinidad Sánchez.

La organización tiene arraigo en un contexto geográfico con una población propensa a demandar derechos. Las provincias del norte son las de mayor índice de empoderamiento humano en el país (0.539), después de la zona metropolitana (0.647), según el Informe de Desarrollo Humano 2008, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De lejos, sigue el sur, con un índice de 0.393.

Aunque en términos de empoderamiento individual, el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo (área metropolitana) lideran con 0.816 frente a 0.451 del norte, en empoderamiento colectivo es el norte el que encabeza con 0.627, frente a 0.477 de la capital y sus periferias.

Se entiende el empoderamiento humano como el proceso de adquirir control sobre las fuerzas externas que inciden en la vida de las personas y de tomar confianza propia en la capacidad de satisfacer las necesidades de la población.

También Santiago, Duarte y Monseñor Nouel figuran entre las provincias que registraron mayor cantidad de protestas en abril pasado, según un monitoreo del Observatorio Político de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

Para David Polanco, dirigente en Licey al Medio, la regionalización en el impacto del Falpo se explica en la tradición de lucha política de la zona norte, pues siempre esos pueblos fueron antitrujillistas y antibalagueristas, con gran incidencia de la izquierda.

El comerciante Emilthoms Castillo sostiene que esa organización popular no sólo tiene mucho respaldo entre las entidades comunitarias y el reconocimiento de la sociedad civil en San Francisco, en este lugar, aglutinado en torno a la gestión de Monegro, sino que también sus dirigentes están dispuestos a dialogar y a buscar alternativas antes de llegar a una huelga.

Lamenta que después del paro de labores de abril, la gobernadora de la provincia Duarte, Miledys Núñez, hiciera fracasar una reunión para un diálogo entre funcionarios, activistas populares y las entidades mediadoras.

“Ella lo que realizó fue un mitin político, llamó a todo su equipo de gobierno, llamó parte de la dirigencia media y baja del partido aquí, llamó al consejo de seguridad ciudadana, y ahí entonces el Falpo salió disgustado, con todas sus razones”.

Historias de sangre. El 12 de mayo de 2012, el deportista Héctor Ramón Medina resultó muerto cuando en  Salcedo protestaban en reclamo de arreglo de las calles, agua potable, energía y otros servicios. En principio, la Policía Nacional acusó del hecho a un civil, pero un año después no hay nadie sometido a la Justicia y hasta hay sectores que responsabilizan a un oficial policial.

Un mes después, liderados por el Falpo y otros grupos, se sucedieron tres días de huelga en demanda del esclarecimiento de la muerte. En los enfrentamientos fallecieron cuatro personas presumiblemente por las balas y las bombas lacrimógenas de la Policía.

En otro hecho, que parece aislado de las protestas, el 24 de diciembre de 2012, Pedro Luis Hernández, también de Salcedo, recibió un disparo mortal. Los familiares responsabilizan a José Adelso Camilo, hijo del coordinador del Falpo en esa ciudad, Darío Camilo (del grupo de Bretón). En mayo pasado, luego de una audiencia judicial, se produjo un enfrentamiento entre familiares del fallecido y del acusado, que dejó un saldo de otras dos muertes.

La facción de Romano y Monegro se colocó en la palestra pública cuando el 22 de abril el coronel policial Julián Suárez Cordero cayó muerto de un disparo, en momentos en que la Policía se enfrentaba a manifestantes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Los disturbios ocurrían en resonancia con las protestas en San Francisco de Macorís, donde se exigía asfaltado de calles en barrios y residenciales de esa ciudad, el saneamiento de una cañada, la construcción de viviendas populares y el esclarecimiento de un supuesto desfalco millonario en el ayuntamiento del municipio.

Tres miembros del Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (Felabel), brazo estudiantil del Falpo, y uno de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano) guardan prisión preventiva porque supuestamente estaban disparando desde el campus universitario cuando la bala impactó en el rostro del oficial. Sin embargo, hasta ahora los investigadores no han determinado de qué arma salió el proyectil, mientras corren disímiles conjeturas sobre supuestas conspiraciones que originaron el hecho.

Y aunque los miembros del Falpo sostienen que no usan armas de fuego, en el local del Felabel y en la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) había varias armas de fabricación casera y algunos cartuchos, según los fiscales autorizados por el Consejo Universitario para hacer un hueco en el fuero de la UASD.

En esos días, durante la huelga de San Francisco también murió un joven, aunque posteriormente se dijo que se trataba de alguien que participaba en un atraco.

 Raúl Monegro, dirigente de una de las facciones del Falpo en San Francisco de Macorís.

Luis
Robles asegura que, durante una movilización convocada por el Falpo, los huelguistas quemaron la puerta de su farmacia ubicada en el barrio San Martín, de San Francisco de Macorís, y le provocaron pérdidas de entre 45 y 60 mil pesos. (Fotos: Roberto Guzmán)

Los caídos

El Falpo ha perdido a no menos de ocho dirigentes. El más recordado por sus compañeros es Jesús Diplán, caído a manos de militares y policías el 28 de septiembre de 1990, en Monte Adentro, Salcedo, durante la penúltima gestión de gobierno del fenecido Joaquín Balaguer.

En los últimos años, figuran también Pedro Rafael Almánzar (Burrulote), José Martínez, Osvaldo Torres Cabrera (Furry), Onny Rodríguez, José Miguel Valdez y Alfredo Gómez (Yito), por algunos de cuyas muertes hay policías que pagan condenas de 20 y 30 años de cárcel.

En cambio, el dirigente Braulio Vargas cumple una condena de 20 años de prisión por la muerte de una persona durante una huelga, sentencia contra la que sus compañeros del Falpo llevaron a la Suprema Corte de Justicia un recurso de casación, porque aseguran que se trata de “un expediente fabricado”.

Víctor Bretón y David Polanco sostienen que en el cuatrienio 1996-2000, el primero en que gobernó Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue cuando se produjeron más allanamientos, persecuciones y apresamientos a los militantes del Falpo.

En cambio, fue en 2000 y 2001, con Hipólito Mejía y el Partido Revolucionaio Dominicano (PRD), cuando sus vidas corrieron más serio peligro. “(El ex jefe policial Pedro de Jesús) Candelier le dijo a Hipólito que nosotros estábamos preparando una insurrección, Hipólito le dio luz verde (y le dijo) que eso había que acabarlo”, contó Bretón.

Del exjefe policial Rafael Guillermo Guzmán Fermín cuentan que lesionó a varios muchachos de San Francisco de Macoría, disparándoles en las piernas para inutilizarlos. En esta demarcación, el oficial ahora en retiro cobró fama por dirigir un grupo de agentes recordados como “Los Cirujanos” o “Los Parte Patas”, que –según las organizaciones de derechos humanos– baleaban a los presuntos delincuentes en las piernas para dejarlos lisiados.