Un tribunal de Milán condenó hoy a un año de cárcel al expresidente del Gobierno italiano Silvio Berlusconi por el llamado caso Unipol, la publicación de manera ilícita de escuchas telefónicas en el diario "Il Giornale", propiedad de su hermano Paolo.
En el juicio sobre el llamado caso Unipol, se juzgó al expresidente del Gobierno italiano Silvio Berlusconi por la publicación de manera ilícita de escuchas telefónicas en un diario propiedad de su hermano Paolo, quien fue condenado a dos años y tres meses de prisión.
Los jueces han considerado a ambos culpables de la revelación de secreto profesional por la difusión de una escucha de procedencia ilícita en el diario "Il Giornale" en 2005. A Paolo Berlusconi se le imputó además el delito de receptación.La Fiscalía había solicitado una condena de un año de prisión para Berlusconi y de tres años y tres meses para su hermano Paolo.
El periódico publicó una conversación entre el presidente de la aseguradora Unipol, Giovanni Consorte, y el entonces líder del partido Demócrata de Izquierda (DS), Piero Fassino, sobre el supuesto intento de ambos de hacerse con el control de Banca Nazionale del Lavoro (BNL).
La conversación entre Fassino y Consorte todavía no había sido incluida en las actas de la Fiscalía cuando fue publicada, ya que estaba aún en manos de la Policía y de la empresa Research Control System (RSC), que se encargaba de realizar las escuchas.
Según los fiscales, el director de RSC, Roberto Raffaelli, ofreció la grabación a los hermanos Berlusconi en la residencia que tiene el ex primer ministro en la localidad norteña de Arcore, cerca de Milán.
Con su publicación, añadieron los fiscales, se pretendía perjudicar al entonces principal adversario político de Berlusconi.
Los jueces también han fallado un resarcimiento provisional, en espera de que la condena sea efectiva ya que puede ser apelada, de 80.000 euros para Fassino.
Los abogados de Berlusconi expresaron su "total sorpresa" tras conocer el veredicto.
Con la sentencia recibida por este caso, al empresario y político le esperan otras dos. La semana que viene se fallará el llamado caso Ruby, en el que está acusado de abuso de poder y prostitución de menores, y a finales de mes llegará el veredicto del caso Mediaset, en el que está enjuiciado por fraude fiscal.
En el caso Unipol, halló a Berlusconi copartícipe de la revelación de secreto profesional por la difusión de una escucha de procedencia ilícita en el diario "Il Giornale", propiedad de su hermano Paolo, en 2005.
El periódico publicó una conversación entre el presidente de la aseguradora Unipol, Giovanni Consorte, y el entonces líder del partido Demócrata de Izquierda (DS), Piero Fassino, sobre el supuesto intento de ambos de hacerse con el control de Banca Nazionale del Lavoro (BNL).
La conversación entre Fassino y Consorte todavía no había sido incluida en las actas de la Fiscalía cuando fue publicada, ya que estaba aún en manos de la Policía y de la empresa Research Control System (RSC), que se encargaba de realizar las escuchas.
Por este caso, la Fiscalía solicitó la condena de un año de prisión para Berlusconi y tres años y tres meses para Paolo Berlusconi.
De los procesos que tenía pendientes el ex primer ministro, anoche el Tribunal Supremo confirmó que quedó archivada la causa contra Berlusconi y su hijo Piersilvio por fraude fiscal en el llamado caso Mediatrade del pasado 27 de junio.
El juez de la audiencia preliminar de Roma, Pierluigi Belestreri, había considerado entonces que no existió el delito de fraude fiscal que se les imputaba en relación a las cuentas de la sociedad de Redes Televisivas Italianas (RTI), controlada por el grupo Mediaset, de propiedad de la familia Berlusconi.
Según el calendario de los procesos, el próximo 18 de marzo se espera la sentencia por el caso Ruby, después de que el próximo viernes la fiscal formule su petición de condena, mientras que el 23 de marzo está previsto que quede visto para sentencia el juicio en apelación por el caso Mediaset.
En ese último caso, el ex primer ministro italiano fue condenado el pasado 26 de octubre en primera instancia a 4 años de cárcel (que con una ley de indultos se reducen a 1) y a entre 3 y 5 años de prohibición del desempeño de distintos cargos públicos y privados por un delito de fraude fiscal en la compraventa de derechos de películas. EFE
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