Dos nuevos escándalos que apuntan al abuso de poder de funcionarios del gobierno así como a la aparente intimidación de la prensa por el Departamento de Justicia están asediando a la Casa Blanca y proyectando la imagen de un gobierno controlador y paranoico.
La revelación de que el Servicio de Recaudo Impositivo (IRS, por sus siglas en inglés) enfocó sus labores de escrutinio y control específicamente sobre organizaciones conservadoras ha causado revuelo tanto entre opositores al gobierno como sus adeptos y podría dañar la percepción pública del presidente Barack Obama.
Por otra parte, el decomiso del registro de llamadas telefónicas de reporteros de la agencia de noticias AP ha causado decepción en los círculos liberales y condena de parte de los grupos defensores de los derechos civiles y la libertad de prensa.
Portavoces de la Casa Blanca han intentado distanciar al presidente del conocimiento de ambos hechos. Aunque Barack Obama denunció abiertamente el sesgo indebido del IRS en el ejercicio de sus funciones, el fiscal general, Eric Holder, justificó la interferencia en los registros telefónicos como un asunto de seguridad nacional.
Faltan muchos detalles para poder determinar las repercusiones que tendrán ambos escándalos pero permiten ataques por varios flancos, sobre todo contra un presidente que prometió un gobierno abierto y transparente durante sus campañas electorales.
¿Otro Watergate?
Se supone que el Servicio de Recaudo Impositivo realiza sus controles sin sesgo político.
Ambas situaciones se prestan para críticas de parte de todos los espectros políticos, pero el escándalo del Servicio de Recaudo Impositivo tendrá particular resonancia en el público y los medios, comentó a BBC Mundo Dotty Lynch, directora del Programa de Comunicación Política de la Universidad Americana de Washington y consultora de medios independiente.
"Ya hemos estado allí. Muchos se acuerdan de los días del gobierno de Richard Nixon y otros gobiernos republicanos teniendo en la mira a grupos liberales y organizaciones de derechos civiles", expresó.
La presidencia republicana de Richard Nixon cayó en 1974 tras el escándalo Watergate, un caso que empezó con un simple robo y que se ramificó en la revelación de un gran complot político contra la oposición, dirigida por una Casa Blanca paranoide.
En una columna de opinión en el diario The Washington Post, este martes, el reconocido comentarista conservador George Will comparó el presunto abuso de poder del IRS con Watergate, señalando que el uso de esta agencia para propósitos políticos es "una ofensa criminal" e instó a que se investigue más profundamente qué tanto sabía el ejecutivo de las acciones de sus subordinados.
Todo se centra en el alto número de organizaciones políticas que solicitaron estatus de exención de impuestos entre 2010 y 2012, luego de que un fallo de la Corte Suprema relajó las restricciones a la financiación de las campañas políticas por grupos que no estaban formalmente afiliados a éstas.
Antes de las elecciones presidenciales de 2012, las organizaciones republicanas se quejaron al IRS y al Congreso que sus solicitudes de exención estaban siendo empantanadas y sometidas a escrutinio indebido.
El asunto ha tomado vuelo entre los opositores del presidente. El representante republicano a la Cámara Baja por California y presidente del Comité de Vigilancia, Darrell Issa, declaró que Obama estaba enfocando su artillería contra sus enemigos políticos y que "mintió durante el año electoral para que no se descubrirá sino después".
Dotty Lynch, de la Universidad Americana, opinó que los conservadores están reaccionando no sólo para obstruir la agenda del presidente sino para poder defender la postura de polémicas y extremas alas del partido como el Tea Party.
Pero reconoció que no hay que ser conservador para estar molesto con el comportamiento del IRS. "En términos políticos, el escándalo del IRS es el que más daño podría causarle al gobierno pues tendrá una oposición unificada de la derecha e izquierda".
No obstante, todavía hay que esperar más detalles y si el escándalo toma más impulso o si se trata, como cree la experta, de un acto de ineptitud burocrática dentro de la agencia de recaudo.
"Inaceptable abuso de poder"
El Departamento de Justicia tomó el registró telefónico de varios periodistas de AP.
Lo que sí tiene iracundos al ala liberal dentro y fuera del gobierno y al gremio periodístico es lo que consideran como la extralimitación de los poderes del Departamento de Justicia.
En mayo de 2012, la agencia noticiosa Associated Press, AP, publicó un artículo sobre un operativo de la CIA para frenar un plan, originado en Yemen, para volar un avión.
El fiscal general de EE.UU., Eric Holder, declaró que el artículo estaba basado en la filtración de información sensible que había "puesto en riesgo" a la nación. Como consecuencia, el Departamento de Justicia registró en secreto las llamadas salientes de más de 20 líneas telefónicas de la agencia.
Grupos defensores de los derechos civiles y de la libertad de prensa reaccionaron escandalizados acusando al gobierno de "inaceptable abuso de poder".
"El Departamento de Justicia ha intimidado a AP, una de las agencias más respetadas del país", comentó a la BBC Michael Macleod-Ball, la la oficina legislativa de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) en Washington.
"Si la más respetada agencia es intimidada, si los medios son intimidados, el impacto directo lo siente el público que tiene el derecho de saber sobre las actividades de su gobierno".
Macleod-Ball dijo que se tiene que saber cuál fue la orden que dio el fiscal Holder, aunque le pareció que pudo ser demasiada amplia y permitiendo una intrusión del estado que solo debe suceder con la máxima justificación.
Ese es el argumento del gobierno, según Stewart Baker, exsecretario asistente de política del Departamento de Seguridad Interna.
"El gobierno está investigando una filtración muy seria de seguridad nacional que puede poner a gente en peligro", aseguró a la BBC. "Los responsables de esa filtración no gozan de ninguna protección y se les debe hallar. Para hacer eso hay que saber a quiénes llamaban los periodistas".
Obsesión con el control
Baker añadió que, en los últimos cinco o seis años, el manejo de información sensible por individuos dentro del gobierno está fuera de control y que Obama decidió utilizar herramientas a su disposición de una manera agresiva para lidiar con casos serios se seguridad.
Algunos críticos, como Michael Macleod-Ball de ACLU consideran que al presidente se le ha ido la mano: "Obama ha llevado a juicio más casos de filtración que sus predecesores. Ese no es un muy buen récord para alguien que se jacta de querer un gobierno más abierto y transparente".
Muchos en el gremio periodístico consideran que su administración es todo lo contrario, según la profesora de comunicación política Dotty Lynch.
"Se podría decir que dentro del gobierno hay gente obsesionada con el control cuando se trata de hablar con la prensa", arguyó. "El tipo de restricciones a funcionarios para dar una declaración y la exigencia de revisar el texto del periodista antes de que se publique tiene a la prensa alzada en armas".
La académica indicó que entre el gremio hay mucha desilusión con el gobierno de Obama por el tono que ha impuesto en aras de la seguridad nacional y la línea borrosa de lo que puede o no hacer para controlar la filtración de información.
"Había tanta promesa y las esperanzas eran tan altas que este comportamiento dejará una mancha entre los periodistas que cubrieron este gobierno", concluyó.
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