El siete de julio del 2006, Belkis Guzmán acudió por primera vez al Ministerio Público, para denunciar la violencia de que era víctima por parte de su entonces esposo “él es muy violento y agresivo, con frecuencia me agrede verbalmente, hace cuatro meses me arrastró por las escaleras, en casa de una amiga, no hace mucho tuvimos una discusión y él me estrelló en la bañera”, dijo la señora en su primera denuncia.
Luego de esto, Rodríguez Valera continuó con las agresiones, tanto físicas como verbales hacia la señora Guzmán, y no fue hasta el 28 de septiembre del 2009 cuando se emitió una orden de alejamiento.
En dicho acto, se ordenó a Rodríguez Valera abstenerse de molestar, intimidar o amenazar a la señora, se le prohibió acercarse a los lugares donde ella frecuenta y se le prohibió acceder a la residencia que compartían, advirtiéndole que de incumplir estos mandatos se solicitaría su arresto y juicio ante un tribunal.
“Pero después de eso el siguió agrediéndome, el siguió yendo a la casa y nadie toma el control de eso, porque es que te dan una orden de alejamiento pero nadie le da seguimiento” expresó Belkis.
El 4 de diciembre del 2009 se emitió otra orden de alejamiento, el 16 de enero del 2010 se emitió otra orden de alejamiento, con los mismos mandatos, que igual eran violentados por Rodríguez, según denuncia su ex pareja.
Según narra la señora estas acciones no tuvieron ningún efecto positivo, ya que nunca ninguna autoridad le dio seguimiento, y que más bien la situación empeoró a tal punto que uno de los enfrentamientos, Rodríguez Valera, le fracturó un brazo.
Según explicó Belkis Guzmán, el apartamento donde reside fue adquirido durante el matrimonio, por lo que luego del divorcio procedía dividir en partes iguales el inmueble, según explica la salida más lógica seria vender y dividir el dinero, pero el apartamento no puede ser vendido por asuntos legales con los anteriores dueños.
Con este argumento, el ministerio público les recomienda en el 2010 vivir ambos en el mismo inmueble, “en armonía” y “cada quien en su lado”, recomendación a la que accedieron.
Sin embargo luego de esto, el 30 de marzo del 2010, Guzmán volvió al Ministerio Público a poner otra denuncia ya que Rodríguez Valera había violado el acuerdo y había vuelto a agredirla física y verbalmente.
Por lo que se ordena nueva vez alejamiento a Rodríguez Valera y se le prohíbe entrar a la residencia.
Pese a esta nueva orden de alejamiento, Rodríguez Valera, se presentó al apartamento y rompió los llavines de la puerta e intentó sacar los ajuares del hogar, según denunció Guzmán.
Luego de estos conflictos, la procuradora fiscal adjunta del Distrito Nacional, Ana Andrea Villa Camacho, que fue quien atendió el caso hasta el 2012, consideró pertinente desalojarlos a ambos de la residencia por considerar que la disputa por el inmueble podría agravar la situación.
Villa Camacho ordenó que la vivienda sea alquilada y los beneficios divididos en partes iguales a la pareja.
Esta decisión no fue del agrado de la señora Belkis quien rechazó esta decisión ya que entiende “yo no he fallado, el Ministerio Público no me puede echar a mí a la calle, si el que falló fue el por qué tengo que pagar yo igual”.
Ante la inconformidad de Belkis, la fiscal Ana Andrea Camacho decidió remitir el caso al procurador fiscal del Distrito Nacional, Pedro José Frías Morillo, el 23 de febrero del 2013 decidió ordenar la los ex esposos que convivan en el apartamento.
“Las investigaciones continuaron, pero no se han producido nuevos hechos que lleven al ministerio público a solicitar la renovación de la orden judicial provisional con desalojo de la vivienda…” afirma el fiscal en su dictamen.
Según la decisión del caso “mientras las partes identifican de donde obtendrán los recursos económicos para la remodelación, se admite el reintegro del señor Pablo Rodríguez Valera a dicho domicilio, con la advertencia de que ante cualquier inconducta comprobada frente a la señora Belkis Guzmán Castillo será sacado de inmediato del aludido inmueble”.
“Es decir que el Ministerio Público está esperando que él me mate para alejarlo” expresó atemorizada Belkis Guzmán.
Guzmán pide a la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, que la reciba, “que me escuche, que me dejen hablar, que oiga lo que yo planteo, yo por ejemplo puedo llegar a un acuerdo y si se va alquilar en 40 mil pesos, yo le pago los 20 mil mensuales a él y me quedo viviendo en mi casa”.
Sin embargo uno de los puntos de la decisión tomada por el procurador fiscal del Distrito Nacional, Pedro José Frías Morillo, establece que una vez culmine el proceso de la remodelación, las partes deberán desalojar el inmueble y alquilarlo, tal como dispuso la fiscal encargada de la investigación.
De acuerdo con el dictamen se le prohíbe a la pareja el porte o tenencia de armas de fuego, dentro y fuera del inmueble.
El último punto del dictamen refiere que “está totalmente prohibido que personas ya sea familiares o amigos de ambas partes vivan en el supra indicado domicilio, salvo que por consenso se determine lo contrario”.
Según la señora, esto implicaría que una de sus hijas, que no es hija del acusado, tendría que abandonar el apartamento.
Belkis Guzmán está decepcionada de las autoridades y el trato que ha recibido, “yo no entiendo para qué nos animan a denunciar, a buscar ayuda, a leer folletos sobre cómo salir del circulo de la violencia, si a la hora de la hora eso se queda en teoría”.
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