miércoles, 24 de abril de 2013

LA HISTORIA DEL FRENTE AMPLIO DE LUCHA POPULAR



El Frente Amplio de Lucha Popular fue fundado el 15 de febrero del 1985, en el marco de una asamblea en la que participaron representantes de diversas organizaciones culturales, vecinales, estudiantiles, etc., entre las que se encontraban la Unión Democrática de Mujeres (UDEMU), el Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (FELABEL), el Club Enriquillo de San Carlos, El Comité de Lucha Popular de San Carlos, etc.

Su aparición se enmarca dentro del surgimiento de amplias expectativas democráticas que había tenido lugar en el país a partir de la superación del balaguerismo en el 1978, lo cual había permitido el tránsito de las formas autoritarias y represivas del ejercicio de la dominación política durante los doce años del Gobierno del Doctor Joaquín Balaguer (1966-1978), hacia formas de ejercicio del poder de mayor nivel de representación y participación. (ver). Hay que recordar que durante esos años de gobierno balaguerista, la oposición política y, fundamentalmente, las fuerzas de izquierda fueron brutalmente perseguidas, produciéndose un baño de sangre, una fuerte represión, una gran cantidad de presos y exiliados políticos, etc.

Así mismo, es la coyuntura en la que se inicia la implementación de los llamados ajustes económicos orientados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que, además de agravar las condiciones de vida de los sectores populares y los grupos medios, por medio a un proceso de encarecimiento de los bienes de consumo masivo y de los servicios básicos, así como una reducción de la inversión y el gasto publico, generó un profundo sentimiento de frustración colectiva de las expectativas.

Otros fenómenos como el de la emigración de las zonas rurales hacia las ciudades, también se profundizaron en el período señalado, acentuando el proceso de arrabalización de los barrios populares y ampliando los cinturones de miseria en la Capital, en Santiago y otras importantes ciudades del país, ampliando los niveles de pobreza.

La combinación de estos factores, el de la arrabalización y ampliación de los cinturones de miseria, el de la carestía y deterioro de la calidad de vida de las masas, el de la implementación de los ajustes fondomonetaristas, y el desmonte de la forma represiva del gobierno balaguerista, sentaron las bases para la irrupción de las masas populares en el proceso político, a través de acciones de protestas reiteradas y radicalizadas.

El imperativo “antibalaguerista” había bloqueado el desarrollo de toda acción reivindicativa particularista o corporativa, lo cual quedó superado con la nueva forma de estado propiciada por el PRD en el poder. Al mismo tiempo, se había avanzado en la consolidación de una dinámica de articulación barrial motivada desde la izquierda, desde las comunidades Eclesiales de Base y desde los remanentes de los clubes culturales y deportivos, que habían jugado un destacado papel en la resistencia popular al autoritarismo balaguerista, en un esfuerzo que relanzaba la cultura unitaria de convergencia para las acciones comunes de protesta.

El contexto internacional, caracterizado por el triunfo de la revolución Sandinista, el auge de la lucha guerrillera en Centroamérica y el desmonte de gobiernos dictatoriales también contribuyeron a estimular una subjetividad de lucha y organización. De igual forma, importantes acciones de resistencia en el ámbito nacional, como lo fueron diversos movimientos huelgarios contra el aumento de los combustibles, la lucha contra la cancelación de los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Compañía dominicana de Teléfonos, las invasiones de tierra y el reclamo de reforma agraria, etc., sirvieron de soporte a un proceso de acercamiento de diversas agrupaciones políticas de izquierda y su correspondiente expresión unitaria en el movimiento social.

De esta forma, desde finales del 1982 y durante el año 1983 comenzaron a surgir los Comités de Lucha Populares (CLP), a raíz de una serie de movimientos de protesta nacionales en los que, para operar más efectivamente, se habían venido organizando diversos comités de huelga, los cuales funcionaban de manera coyuntural, pero creaban la conciencia y la necesidad de un tipo de espacio de coordinación de las distintas corrientes del movimiento de izquierda y sectores de oposición para impulsar las protestas populares en barrios y comunidades.

Estas organizaciones, que se proponían la integración de los moradores de barrios y comunidades, se iniciaron como espacios de coordinación de militantes de izquierda y de activistas comunitarios, que participaban en los mismos en calidad de representantes de organizaciones locales de distinta índole, como eran los clubes culturales, grupos artísticos, ligas deportivas, grupos cristianos, etc. Surgieron como espacios orgánicos territoriales, demarcados por el barrios o la comunidad de que se tratare, pero en algunos puntos del país llegaron a adquirir características de coordinaciones interbarriales e intercomunitarias.

Entre las primeras organizaciones de este tipo creadas en ese período se destacan el CLP de Vietnam, en la populosa barriada de Los Mina, el CLP de Guachupita, el CLP de la Zona Norte, el CLP de San Carlos, entre otros. Estas entidades, en la medida en que ponían en movimiento la protesta y encontraban ecos en la población se constituyeron en factor de motivación para que otras barriadas y comunidades conformasen sus espacios, también denominados Comité de Lucha Popular, convirtiéndose de esta manera en el receptáculo del sentimiento de protesta e inconformidad de los sectores populares dominicanos y, al mismo tiempo, en la expresión de una nueva realidad objetiva y subjetiva, el desplazamiento paulatino de los grupos sindicales como sujeto principal de las luchas sociales.

El gobierno de Jorge Blanco, instalado en el país a partir del 1982, logró el consenso de amplios sectores nacionales bajo la consigna de “mano limpia”, expresión esta que resumía una “critica” a la corrupción del gobierno de Antonio Guzmán. Tomando como pretexto la imposibilidad de que el país pudiera cumplir con los compromisos internacionales sin ajustarse a una rígida “disciplina” económica, así como los constantes y enormes déficits en la balanza de pagos, se diseñó una política de ajustes que permitiera restringir el gasto público, aumentar las ganancias de los empresarios y limitar el papel del Estado, privatizando y liberalizando la economía.
Por medio a éstas políticas se mantuvo los bajos salarios, la liberalización del mercado cambiario, la liberalización de los precios, la orientación del crédito hacia los grandes sectores económicos, etc. Además, a poco tiempo de asumido el gobierno, se contrajo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que debía cumplirse por etapas. Todas estas políticas orientaron la economía a favor del sector parasitario del capital, el sector financiero del capital, golpeando la tradicional política de promoción de exportaciones de rubros tradicionales y no tradicionales, lo que contribuyó a elevar la inflación y la especulación monetaria y de mercancías de primera necesidad, deteriorándose a niveles extremos las condiciones de vida del pueblo.

Entre 1980 y 1986 se triplicaron los precios de la canasta de consumo; los servicios (transporte, agua, luz, salud, etc.) alcanzaron una deficiencia jamás vista; se paralizaron las inversiones públicas y la corrupción alcanzó límites nunca antes vistos. Además, el gobierno elevó la deuda pública externa a 4 mil millones de dólares.

Gran parte del año 1983 y los primeros meses del 1984 estuvieron caracterizados por la expresión de diversos movimientos de protestas locales, demandando rebaja de costo de la vida y de los servicios básicos, así como también rechazando la perspectiva de firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las protestas se sucedían una a la otra y, en algunas barriadas, se producían reiteradamente sin mucho tiempo de mediación entre unas y otras. Incluso, la realidad nacional era tan propensa a las protestas que en algunas comunidades el solo hecho de que dos o tres personas se reunieran y, luego de adoptar la denominación de CLP, hicieran pública una convocatoria a paralización por medio a volantes y a través de algunos medios de comunicación, era suficiente para que se expresara una contundente protesta barrial en la que el comercio, las actividades educativas y el transporte quedaban afectados.

En medio de una frustración creciente, motivada en el fracaso rotundo y rápido de las expectativas de progreso y las propuestas y ofertas electorales de Jorge Blanco, quien logró concitar el apoyo de amplios sectores populares, incluso utilizando un mecanismo de acumulación electoral extra partido, como lo fue la Avanzada Electoral, se fue generando un ambiente de protesta que tendía a recorrer, en forma relativamente espontánea, gran parte del territorio nacional. Esta situación llegó a su climax cuando en el mes de abril, aprovechando las actividades de semana santa, el gobierno puso en marcha las medidas fondomonetaristas que elevaban significativamente el costo de la vida. El anuncio de dichas medidas en momentos en que el pueblo se retiraba al asueto de la Semana Santa, utilizando una amplia campaña de volantes y un amplio despliegue de prensa para justificar las medidas, no surtieron el efecto apaciguador esperado. El lunes 23 de abril, desde horas de la mañana se produjo un poderoso estallido social que se extendió por toda la geografía nacional.

Desde hacía algunos días que se había anunciado una protesta en la barriada de Capotillo. La actividad era convocada por el Comité de Lucha Popular de esa comunidad y por el Comité de Lucha Popular de la Zona Norte. Las demandas incluían el reclamo nacional de rebaja del costo de la vida, aumento salarial, rechazo a la firma del acuerdo con el FMI y solución a algunos reclamos propios de la barriada. La convocatoria y las informaciones sobre la paralización barrial se había hecho antes de iniciarse el asueto de Semana Santa y se reiteró durante el fin de semana a través de volantes y propaganda callejera, además de que a través de los medios de comunicación se estuvo insistiendo en que dicha protesta sería realizada.

Muchos activistas y militantes populares y de izquierda residentes en otras barriadas de la Capital también estaban informados y atentos para prestar solidaridad a dicho movimiento, incluyendo la propia participación en las movilizaciones, dando continuidad a una vieja práctica en la izquierda dominicana de apoyo a luchas que se libran en otras comunidades. De manera específica, activistas del Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel de nivel secundario, tenían la práctica de coordinarse para hacer presencia en las movilizaciones que se producían en las barriadas capitaleña, práctica que denominaban “internacionalismo”, se informaron de la protesta que se realizaría en el barrio Capotillo el lunes 23 de abril y se dispusieron a acompañar esta actividad coordinándose para hacer presencia en horas tempranas de la mañana, cosa que hicieron.

Desde tempranas horas del día, el comercio y las principales actividades educativas estuvieron paralizadas. Pasadas las nueve de la mañana se iniciaron movilizaciones callejeras que permitieron la aglutinación de cierta cantidad de personas lo cual permitió el planteamiento de salir movilizándose hacia la Avenida Ovando, con el propósito de interrumpir el tránsito. Esta iniciativa fue el inicio de una dinámica movilizativa que superó la expectativas de los convocantes, pues según pasaba el grupo de manifestantes por las distintas calles y callejones la comunidad de hombres, mujeres y niños se lanzaban a las calles lanzando desperdicios y sacando obstáculos en una acción de masas que rápidamente desbordaba a los convocantes.

Al llegar a la Avenida Ovando el fenómeno siguió en expansión y buena parte de los activistas de otras barriadas, entusiasmados con la actitud de la gente, dieron continuidad a las movilizaciones desplazándose hacia barriadas como el Ensanche Luperón, Villa María, Villa Juana, Villa Francisca y San Carlos, al tiempo que diversos medios de comunicación, principalmente el noticiario de Radio Popular, transmitían en vivo los acontecimientos, convirtiéndose en una fuente muy efectiva de difusión de los hechos, generando una dinámica de imitación que inicialmente tuvo como activadores a muchos activistas de izquierda y del movimiento social de diversas comunidades del país.

En pocas horas, como un poderoso volcán, las masas populares dominicanas se habían adueñado de las calles, avenidas, caminos y carreteras, obstaculizándolas con basura, chatarras y neumáticos encendidos, al tiempo en que, en muchos lugares eran saqueados negocios, tiendas y almacenes.

Frente a esta gran irrupción popular, las fuerzas policiales, que fueron las que inicialmente enfrentaron al pueblo, fueron prontamente superadas y colocadas en una situación de impotencia ante la magnitud de los acontecimientos. El temor del gobierno a que la poblada, como la llamó Juan Bosch, se lo llevara de camino sirvió de justificación para la decisión de lanzar las Fuerzas Armadas a las calles a reprimir violentamente a la población, dejando un saldo de muertos indeterminado.

Pero aún cuando las tropas militares salieron a las calles e iniciaron la matanza en horas de la tarde del día 23 de abril, el pueblo no se arredró y dio continuidad a la ira durante los días 24 y 25 de abril.


Al estallido de abril de 1984 le sucedió un acalorado debate sobre la situación del país y el significado de la irrupción de las masas. Algunas agrupaciones de izquierda interpretaron los hechos como una señal de “revolución inminente”; otros señalaron que estábamos en una “situación prerrevolucionaria” y orientaron sus pasos tácticos inmediatos hacia tácticas insurreccionales. Otras corrientes del debate cuestionaron la actuación de la mayor parte de la izquierda cuya actuación fue la inoperancia y la impotencia ante el estallido, al grado que muchos dirigentes del entonces Frente de Izquierda Dominicano (FID) fueron cercados la tarde de la segunda jornada, cuando se reunían en un local público para decidir qué hacer frente a los hechos.

Otra parte de la izquierda, la de menor significación orgánica y política en aquella coyuntura en forma más calmada, asumiendo una postura autocrítica en relación a la incapacidad de las fuerzas de izquierda para potencial el descontento popular y transformarlo en opción política. Por eso se plantearon que aquel era un “momento para acumular fuerzas, darle fortaleza a la lucha popular, ir preparando los eslabones superiores del combate, sacudir y depurar la izquierda y crear una instancia política con don de mando y vocación de poder” (Táctica del MPD).

En ese momento, segmentos significativos de la izquierda arribaron a la conclusión de que bajo unas circunstancias en las que el proletariado era numéricamente minoritario, políticamente pobre y dividido y socialmente alienado, los revolucionarios debían buscar la tormenta social, en el barrio pobre y la comunidad campesina. De ahí la necesidad de una nueva política de inserción en las masas que debía tener como objetivo fundamental organizar y coordinar la lucha del pueblo (obreros, campesinos, desempleados, estudiantes, profesionales, amas de casa, etc.) para volcarlo a las calles a ganarse un espacio en la lucha por las reformas económicas y sociales y el desenmascaramiento del gobierno de turno.

En este sentido surge como necesidad la conformación de un instrumento de lucha capaz de impulsar la tormenta social en los sectores populares. En un primer momento se pensó en crear o darle vida a las coordinadoras populares. Un segundo momento implicaba la coordinación nacional del trabajo popular en base a un frente amplio de lucha popular, con lo que el objetivo estratégico de segundo momento terminó convertido en denominación de la instancia popular que finalmente fue estructurada en febrero del 1985.

Fue precisamente la conciencia crítica de que sobre la base de la dispersión y la desarticulación de las distintas instancias del pueblo era imposible poder ascender en la lucha y construir una opción popular, que se visualiza la necesidad de construir una organización nacional con la misión de dotar de una dirección al emergente movimiento social que cobraba cuerpo en barriadas y comunidades en toda la geografía nacional.

En la reflexión sobre esta temática tuvieron mucha importancia las reflexiones de muchos activistas de izquierda y del movimiento social que, habiendo participado como actores destacados en la poblada de abril del 1984, se convencieron de la potencialidad del movimiento popular y, al mismo tiempo, de su debilidad como consecuencia de su dispersión y falta de claridad en los objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Al momento de ser constituido, el Falpo se propuso los siguientes objetivos:
La consecución de tierra para los campesinos, insumos agrícolas a precios asequibles, créditos a bajos intereses, construcción de carreteras, escuelas, clínicas rurales, centros recreativos, construcción y pavimentación de las calles, mejora de los servicios de agua, luz, educación, deportes; rebaja del alto costo de la vida, reajuste de los salarios.

Además, el movimiento se propuso ampliar los espacios para ejercer el derecho a la protesta, no pagar la deuda externa y enfrentar los planes de convertir la deuda en inversiones, anular por medio a la movilización los acuerdos con el FMI, oponerse a la privatización de las empresas estatales. Así mismo, luchar contra la deforestación, la contaminación ambiental y los daños ecológicos a la flora y la fauna.

En sus orígenes, el Falpo fue concebido como una instancia de coordinación de distintos espacios organizativos. Por eso su carácter de frente. Además, fue el resultado de la comprensión de que en el país y en Latinoamérica se había producido una transformación significativa en torno a los sujetos sociales, que hasta entonces había estado concentrada la atención en los sectores obreros y campesinos, muy en consonancia con la perspectiva de análisis clásicas del marxismo de que los sujetos fundamentales de los procesos revolucionarios estaban constituidos por esos sectores.


El Falpo, en sus 20 años de existencia, ha logrado insertarse en muchos barrios y comunidades urbanas del país. Su dinámica se ha circunscrito a la organización de las comunidades para la lucha por reivindicaciones locales, aunque coyunturalmente se ha vinculado a movimientos de protestas nacionales que levantan demandas más generales y , por tanto, menos medible en su consecución.

Una de las características del Falpo ha sido la radicalidad que ha incentivado en las luchas sociales y su carácter de firmeza y alto nivel ético de sus dirigentes en el sentido de no negociar las luchas por prebendas grupales. Se destaca la mayor capacidad de protestas locales, teniendo momentos en que comunidades como Salcedo, Licey al Medio, Navarrete, etc., han sido paralizadas, incluso, durante una semana completa.

Se considera como un importante aporte la metodología de trabajo horizontal, el cara a cara con la gente, la labor cultural y educativa. Ha impuesto un método de negociación con las instancias gubernamentales basada en el reclamo de que los funcionarios gubernamentales se reúnan con las comunidades y hagan acuerdos con la comunidad, no con la organización.

El Falpo ha alcanzado niveles significativos de organización en diversos pueblos y regiones del país. Entre estos cabe mencionar: el Distrito Nacional, Santiago, San Francisco de Macorís, Barahona, Azua, Higuey, San Pedro de Macorís, Nagua, San Cristóbal, Navarrete, Moca, Licey, Salcedo, Tenares, Fantino, Castillo, Bonao, Neiba, Los Rios, entre otros.

Esta entidad ha logrado posicionarse en amplios segmentos de la población como una entidad seria, comprometida con los mejores intereses del país, inclaudicable y firme en la lucha. Actualmente impulsa la coordinación con otras entidades populares y comunitarias con el propósito de constituir un referente social creíble y confiable que sirva de interlocutor de las grandes tareas sociales, reivindicativas y movilizativas por un país en donde la gente viva con dignidad.

Sus esfuerzos están concentrados en la definición de un conjunto de propuestas para el desarrollo de una estrategia de desarrollo local que será levantada en cada comunidad donde tenemos existencia, con el fin de configurar alianzas sociales y políticas que permitan la conformación futura de propuestas de gobiernos locales desde las bases de las comunidades.

De otra parte, también está concentrada la organización en retomar los reclamos pendientes que fueron levantados por el movimiento social durante los gobierno anteriores y que no han tenido respuestas efectivas como son: la lucha contra la corrupción, la mejoría de los servicios y rebaja de sus costos, la rebaja del costo de la vida y los combustibles, el aumento salarial, entre otros.

En sus 20 años de lucha, el Falpo ha sido víctima de la más brutal represión la cual ha dejado un nefasto saldo de muertos, heridos, golpeados y apresados entre su militancia.

El 28 de septiembre del 1990, durante el desarrollo de una huelga general contra el fraude balaguerista, fue asesinado Jesús Rafael Diplán Martínez, oriundo de Licey al Medio, uno de los dirigentes fundadores del Falpo y un destacado dirigente en la zona del Cibao Central. Poco tiempo después sería asesinado el compañero Rafael Almanzar (Burrulote), en la ciudad de Salcedo. En el 1998 fue asesinado el joven Yunior Espinal, activista de base en Navarrete. En el año 1999 también cae asesinado el compañero Ramón Antonio Camilo (El Rubio), también ultimado en Salcedo. En enero del 2002 es baleado el dirigente popular Osvaldo Torres, en la comunidad de Navarrete, muriendo el 8 de febrero de ese mismo año, luego de un mes de agonía. Algunos meses más tarde cae asesinado el compañero Gabriel, también en Navarrete.
Muchos dirigentes del Falpo son mártires vivientes por el cúmulo de sufrimientos que han tenido que soportar de manos de las fuerzas represivas. Son diversos los testimonios de compañeros que han sido heridos de bala, mayormente después de ser detenidos y esposados, con el propósito de lesionarlos permanentemente para que abandonen la lucha, encontrando como respuesta la firmeza en los propósitos y en los postulados de una organización que surgió para acompañar al pueblo en su lucha hasta la victoria.




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